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Mostrando 1 - 10 de 10Este artículo reflexiona sobre la manera en que la llegada de la inteligencia artificial generativa transforma la enseñanza del Derecho y obliga a revisar las prácticas con las que tradicionalmente se han formado los abogados.
La Ley estatutaria 1621 de 2013 organizó la inteligencia estatal colombiana sobre un modelo de control de diseño normativo cuya pieza central es el examen previo de la sentencia C-540 de 2012. El artículo sostiene que ese modelo no impide la desviación de la función y que ha quedado rezagado frente al parámetro fijado por la Corte Interamericana en el caso CAJAR vs.
La Constitución Política de 1991 introdujo una transformación sustancial en la organización político-administrativa del Estado colombiano al reconocer a los territorios indígenas como entidades territoriales y garantizar a sus comunidades el derecho a gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que les corresponden. Este reconocimiento ha significado un cambio frente al modelo centralista y asimilacionista que había caracterizado históricamente la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas a la luz de la Constitución Política de 1886.
El presente artículo examina si, en el proceso penal acusatorio colombiano, el juez de control de garantías puede imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía General de la Nación o por la víctima. El análisis toma como eje la sentencia de tutela STP14534-2026 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efectos la detención en establecimiento carcelario impuesta al exministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, pese a que la Fiscalía había pedido detención en el lugar de residencia.
El presente artículo explora la figura de la consulta pública en los procesos de producción normativa como manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana consagrado en la Constitución Política de 1991.
El presente artículo examina el principio de consecutividad en el trámite de formación de las leyes y de los actos legislativos en Colombia, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional comprendida entre la sentencia C-816 de 2004 y la sentencia C-264 de 2026.
El desarrollo rural suele ser tratado como una categoría de política económica sometida a un amplio margen de configuración gubernamental. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional colombiana ha transformado progresivamente esa comprensión al vincular el desarrollo del campo con derechos, deberes estatales y límites jurídicos exigibles. Este artículo reconstruye esa evolución y pregunta qué el concepto constitucional de desarrollo rural emerge de la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 1991 y 2026.
La contratación pública en Colombia está regulada principalmente por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que son un instrumento vital para el cumplimiento de los fines estatales y la gestión eficiente de servicios. Se han impulsado mejoras significativas en transparencia y eficiencia mediante la digitalización utilizando plataformas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP.
El derecho a la salud en Colombia para pacientes con trastornos mentales no ha sido ajeno a calurosos debates al interior de la academia y los estrados judiciales, especialmente cuando se trata de acciones de tutela y las decisiones dadas por la Corte Constitucional. Las diversas posturas frente al concepto y alcance de salud mental podrían llegar a generan divergencia en las decisiones judiciales y, más grave aún, riesgos de desamparo para los pacientes.
Este artículo analiza la Sentencia T-311 de 2024 de la Corte Constitucional colombiana, en la cual se reconoce la necesidad de emplear un lenguaje claro y comprensible en las actuaciones judiciales y administrativas, con especial énfasis en los procesos policivos.
