El derecho a la salud en Colombia para pacientes con trastornos mentales no ha sido ajeno a calurosos debates al interior de la academia y los estrados judiciales, especialmente cuando se trata de acciones de tutela y las decisiones dadas por la Corte Constitucional. Las diversas posturas frente al concepto y alcance de salud mental podrían llegar a generan divergencia en las decisiones judiciales y, más grave aún, riesgos de desamparo para los pacientes.

Este artículo analiza la Sentencia T-311 de 2024 de la Corte Constitucional colombiana, en la cual se reconoce la necesidad de emplear un lenguaje claro y comprensible en las actuaciones judiciales y administrativas, con especial énfasis en los procesos policivos.