La Ley estatutaria 1621 de 2013 organizó la inteligencia estatal colombiana sobre un modelo de control de diseño normativo cuya pieza central es el examen previo de la sentencia C-540 de 2012. El artículo sostiene que ese modelo no impide la desviación de la función y que ha quedado rezagado frente al parámetro fijado por la Corte Interamericana en el caso CAJAR vs. Colombia. Se reconstruye la jurisprudencia constitucional, de casación penal y contencioso administrativa de 2013 a 2026, incluidas las sentencias C-369 de 2025 y T-084 de 2026, y se examinan tres problemas: la confusión entre inteligencia y policía judicial, la debilidad del control jurisdiccional y el ingreso de información de inteligencia al proceso penal. Se concluye que el plazo de adecuación normativa ordenado por la Corte Interamericana venció sin reforma y se proponen criterios para separar inteligencia y persecución penal y para el tratamiento probatorio de sus productos.