El presente artículo examina si, en el proceso penal acusatorio colombiano, el juez de control de garantías puede imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía General de la Nación o por la víctima. El análisis toma como eje la sentencia de tutela STP14534-2026 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efectos la detención en establecimiento carcelario impuesta al exministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, pese a que la Fiscalía había pedido detención en el lugar de residencia. Mediante una metodología cualitativa, de carácter dogmático-jurídico, y el análisis jurisprudencial de algunas providencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconstruye el contenido de la presunción de inocencia, se describe el reparto de funciones entre la Fiscalía y el juez en la Ley 906 de 2004, se sistematiza la línea jurisprudencial previa y se evalúa críticamente la regla fijada por la Corte: la solicitud del titular de la acción penal constituye el marco habilitante de la decisión cautelar, del que el juez solo podría apartarse de manera excepcional. Se sostiene que la regla general es correcta, pero que la excepción es incompatible con el principio acusatorio, con la carga probatoria que el parágrafo 2 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 asigna a quien solicita la privación de la libertad y con la presunción de inocencia en sus dimensiones de regla de trato, de prueba y de juicio. Se concluye que el juez de control de garantías no puede, en ningún caso, imponer una medida más gravosa que la solicitada.