La contratación pública en Colombia está regulada principalmente por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que son un instrumento vital para el cumplimiento de los fines estatales y la gestión eficiente de servicios. Se han impulsado mejoras significativas en transparencia y eficiencia mediante la digitalización utilizando plataformas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Sin embargo, aún existen desafíos sustanciales como la corrupción ligada a la contratación directa y a la concentración de contratos en pocos oferentes, lo que al final genera cuestionamientos sobre la competencia objetiva. Adicionalmente, los municipios en especial los de categorías inferiores siguen enfrentando graves brechas financieras y administrativas que limitan su capacidad para ejecutar adecuadamente competencias en sectores cruciales como educación, salud y saneamiento básico. En el presente ensayo se realiza un análisis crítico de la propuesta del Congreso de la República para reformar la Ley 80 de 1993, así como de las modificaciones normativas previamente incorporadas a esta disposición. De igual forma, se evalúa el impacto de dichas reformas en la gestión contractual del Estado y se examina si resulta más conveniente elaborar un nuevo proyecto de ley en materia de contratación estatal o si las reformas estructurales propuestas son suficientes. Asimismo, se identifican los posibles vacíos y problemáticas del régimen legislativo contractual vigente.