Este artículo examina si el riesgo de ritualización que la jurisprudencia constitucional colombiana advierte en materia de transparencia algorítmica, un riesgo que este artículo denomina una "nueva ordalía", categoría propia y no una expresión de la propia Corte ni de la literatura existente, es un problema exclusivo de la explicabilidad técnica o un patrón general en la gobernanza de la inteligencia artificial jurídica.

El Acto Legislativo 04 de 2019 incorporó al artículo 267 de la Constitución Política de Colombia el seguimiento permanente al recurso público, el control preventivo y concomitante en tiempo real mediante el uso de tecnologías de la información y la inoponibilidad de la reserva legal frente a los órganos de control fiscal.

La discusión constitucional colombiana sobre el final de la vida se ha concentrado en el modo de morir y ha dejado sin examinar una cuestión distinta, esto es, si la persona tiene derecho a que su existencia efectivamente termine. Las tecnologías de recreación póstuma, conciertos con artistas fallecidos, cursos dictados por autores muertos o avatares conversacionales entrenados con los datos de un ser querido vuelven esa pregunta ineludible porque producen actos nuevos atribuidos en primera persona a quien ya no puede realizarlos.

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una realidad operativa que transforma la gestión pública y, en particular, la contratación estatal en Colombia.

El rápido avance de la Inteligencia Artificial (IA) presenta oportunidades significativas y desafíos complejos, impulsando a los gobiernos a desarrollar marcos de gobernanza y regulación. Este artículo examina las iniciativas políticas y estratégicas relacionadas con la IA en países de América Latina miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la información documentada en el Observatorio de Políticas de IA de la OCDE (OECD.AI Policy Observatory).