Este estudio aborda el problema más difícil de la responsabilidad del superior: si el comandante general responde por crímenes cometidos en un territorio sobre el que no tenía conocimiento efectivo, cuando existía un mando intermedio que sí sabía.

El artículo analiza la tensión entre el derecho a la anonimización y el derecho de las mujeres a la verdad frente a la violencia de género. Desde una mirada jurídico-filosófica, se sostiene que la protección de la intimidad —amparada en el principio de autodeterminación informativa (Reglamento UE 2016/679; Corte Const., C-748/11, C440/22)— no puede prevalecer sobre el interés público de prevenir el feminicidio.