El artículo analiza la tensión entre el derecho a la anonimización y el derecho de las mujeres a la verdad frente a la violencia de género. Desde una mirada jurídico-filosófica, se sostiene que la protección de la intimidad —amparada en el principio de autodeterminación informativa (Reglamento UE 2016/679; Corte Const., C-748/11, C440/22)— no puede prevalecer sobre el interés público de prevenir el feminicidio.