Este estudio analiza las reglas de jerarquía normativa entre las leyes ordinarias, orgánicas y estatutarias en el ordenamiento jurídico colombiano, tomando como eje central la sentencia C-439 de 2016 de la Corte Constitucional. El documento examina la transición desde un concepto tradicional y "omnipotente" de la ley hacia un modelo de constitucionalización del derecho, donde la validez de toda norma depende de su sujeción a la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Se aborda la distinción entre las leyes especiales (estatutarias y orgánicas), que poseen un rango superior y sirven como parámetro de control de constitucionalidad a través del bloque de constitucionalidad en sentido lato, y las leyes ordinarias. El análisis concluye que el Legislador no tiene la competencia para establecer jerarquías o preferencias entre normas de la misma naturaleza. Al declarar la inexequibilidad de una disposición de la Ley 1150 de 2007 que pretendía dar carácter preferente al Estatuto General de Contratación Pública, la Corte reafirma que el sistema de fuentes es una competencia exclusiva del Constituyente, limitando así la libertad de configuración del Congreso.